Hoy mismo se ha publicado en el BOE la tan hablada y temida reforma laboral española por la que, supuestamente, el panorama empresarial y laboral de este país iba a pegar un volantazo para coger la carretera de la salida de la crisis, aunque, por lo que parece, los propietarios de los negocios, los trabajadores y los propios estudiosos en la materia –como el ex ministro de Economía Pedro Solbes- dudan de su efectividad, después de convivir durante veintidós años con los mismos tipos de contratos.

Si uno se aplica –porque vaya tostón repetitivo- en la lectura de las treinta y ocho páginas de las que consta la reforma laboral, se dará cuenta de que no existen cambios profundos y que repite constantemente lo mismo pero de distinta forma como si intentaran mandarnos siempre el mismo inocuo mensaje: promover el empleo estable y de calidad, reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales y elevar las oportunidades de las personas desempleadas. Esto, una y otra vez, como si de un robot se tratara.

Pero el descontento de los empresarios y de los trabajadores continúa siendo manifiesto. Por un lado, los primeros pensaban que iban a poder despedir a sus trabajadores con mucha más facilidad: al final, sólo se ahorrarán doce días por año, el abaratamiento ha sido exiguo, y que contratarían temporalmente a su antojo. También, que iba a afectar a una gran cantidad de funcionarios que si no eran productivos se irían a la calle, pero nada de nada. Por el otro lado, los sindicatos consideran que “las cosas no van a ir a mejor, salvo para las entidades financieras” y por eso mantienen la primera huelga general contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo 29 de septiembre.

En resumidas cuentas, la reforma no toca ningún contrato firmado con anterioridad a ésta, por lo que los empresarios deberán seguir pagando lo mismo, pero por contrapartida podrán adoptar un contrato de trabajo que tiene un despido algo más barato que el ordinario indefinido, muy generalizado ahora.

Asimismo, puede que los mayores perjudicados sean los varones con edades comprendidas entre 30 y 45 años, que tienen más probabilidades de que en el siguiente trabajo que consigan tengan un despido más barato, aunque para que ello ocurra han de perder su actual puesto. Lo que puede pasar es que los contratos temporales se conviertan en la vía para la contratación indefinida –porque se pueden convertir en indefinidos- como falsos períodos de prueba.

Hasta ahora, sólo se garantizaba el pago de 33 días si se despedía por causas objetivas, sin embargo, a partir de este momento el empresario puede alegar razones económicas, ahorrándose así el coste del proceso judicial. En este sentido, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asumirá ocho días de la indemnización, aunque no en los despidos de carácter disciplinario, sino económico, repetimos. Mas se ven obligados a que los contratos de obra y servicio no puedan durar más de tres años. Por su parte, los sindicatos se muestran disconformes con esto porque el ‘despido exprés’ puede aplicarse aquí, eso sí, con el aviso del propietario de la empresa al trabajador con quince días de antelación. Así que, tampoco, nadie contento.

El Ejecutivo pretende que desde 2012 cada trabajador acumule en una cuenta personalizada parte de la indemnización por despido y que la pueda obtener en caso de mejorar su formación o por cuestiones de movilidad geográfica.

En cuanto a la organización del trabajo, el Gobierno estima que con los Expedientes de Regulación de Empleo de reducción de jornada los empresarios se decantarán por suspender en vez de despedir a los empleados, aunque eso sí, puede que muchos de los primeros no estén conformes con las medidas para fomentar la negociación en los centros de trabajo que se aplicarán desde ya, como la creación de una comisión que negocie por las Pymes que no posean representación sindical.

En conclusión, que, como hemos comentado con anterioridad, ni los empresarios ni los trabajadores se encuentran contentos con la nueva reforma laboral, publicada hoy en el BOE: para unos se queda en agua de borrajas, en nada; para otros infringe los derechos fundamentales, y en este panorama laboral se ha de salir de la crisis que padecemos y que antes se negaba. Aún puede que se maticen más puntos del documento, puesto que el decreto deberá convalidarse el día 22 de junio en el Congreso, para que posteriormente se proceda a su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Puede ser peor aún para alguna de las dos partes, ya que los partidos políticos de la oposición se muestran disconformes con la iniciativa planteada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuál será el destino de España? Lo veremos, pero con inquietud.