El Ministerio de Economía y Hacienda defendió hoy la legalidad del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, conocido como el 'céntimo sanitario', aunque se mostró "abierto y flexible" para buscar una solución con la Comisión Europea, que ha puesto en cuestión el citado tributo, según informaron a Europa Press en fuentes de este departamento. En concreto, Bruselas dictaminó hoy que el llamado 'céntimo sanitario' --un impuesto fijado por las comunidades autónomas que grava los carburantes que se venden en las gasolineras y cuya recaudación se utiliza para financiar la sanidad-- vulnera la legislación comunitaria y exigió a España que lo modifique. La solicitud adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no se ajustan a las exigencias de Bruselas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE). Hacienda afirma, en cambio, que este impuesto cumple con la directiva comunitaria y asegura que no va en contra de la legislación europea, por lo que, a la espera de estudiar el dictamen hecho público hoy, defenderá en Bruselas la capacidad normativa de las comunidades autónomas para llevar a cabo este gravamen. Así y sin prejuzgar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Bruselas, el departamento de Pedro Solbes no descarta la posibilidad de que, finalmente, el caso tenga que resolverse en el Tribunal de Luxemburgo, dado que existe una clara discrepancia entre la interpretación de Bruselas y del Gobierno español. "Estamos abiertos y flexibles para buscar con la Comisión Europea vías de solución, pero no creemos que vaya en contra de la normativa europea y por eso nos mantendremos en la defensa de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en este impuesto", subrayaron las mismas fuentes. El 'céntimo sanitario', que se aprobó en el año 2002 dentro del nuevo modelo de financiación autonómica, permite a las comunidades autónomas aplicar un recargo máximo de 2,4 céntimos por litro de carburante para destinarlo íntegramente a la financiación sanitaria. Hasta el momento, únicamente seis comunidades autónomas lo aplican: Madrid, Asturias, Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
